Poco Fino

Palacios promueve la vigilancia privada

30-07-2009 / El nuevo jefe de la Policía Metropolitana está vinculado a dos agencias de seguridad. El vacío legal que protege sus inversiones y la duda ética: ¿se puede conducir una fuerza pública y lucrar con la inseguridad?

Por C.R

Para un enorme espectro de la política criolla y las organizaciones de la sociedad civil, el historial de Jorge “Fino” Palacios es incompatible con las virtudes que el jefe de una nueva fuerza, como la Policía Metropolitana, debería tener.

La lista de incompatibilidades que se le adjudica al ex comisario de la Federal es extensa: su rol durante la mortal represión de diciembre de 2001, la afable charla telefónica que mantuvo con un reducidor de autos ligado a la banda que secuestró y terminó asesinando a Axel Blumberg y, en especial, la imputación de haber obstaculizado el avance de la Justicia en la causa por la voladura de la AMIA, lo que llevó al fiscal Alberto Nisman a pedir su procesamiento ante el juez Ariel Lijo.A este listado de incompatibilidades, que hasta el momento fueron desechadas por el jefe de gobierno Mauricio Macri, habrá que sumarle un ítem más. Sucede que Palacios, que tras su pase a retiro en 2004 hoy vuelve a ser un empleado del Estado, está, como suele decirse, “de los dos lados del mostrador”: encabeza una flamante fuerza de seguridad pública, pero a la vez continúa “prestando servicio” en el lucrativo negocio de la seguridad privada.Su nombre aparece vinculado a la firma Strategic Security Consultancy SRL, una consultora en materia de seguridad que él y su esposa, Alicia Beatriz Ares de Palacios, crearon en julio de 2006. Por ese entonces, hacía dos años que el ex “pope” de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal había sido desplazado de la fuerza. Como otros en su situación –aún con el poder pero ya sin la “chapa”–, se volcó al cuentapropismo.

Según dice su constitución social, Strategic Security se dedica a la consultoría nacional e internacional y al asesoramiento para “soluciones de seguridad globales e investigaciones”. A juzgar por los logros de los que presume la compañía, a sus dueños no les fue nada mal. Quizá por eso al hombre le cueste desprenderse de su pyme.En los registros de la ANSeS Palacios sigue figurando como empleado de Strategic Security. Y no sólo eso: en el sitio corporativo que la firma tiene en la Web, el mandamás de la policía Pro aparece como el alma mater de la empresa.“Un equipo de profesionales para y de la seguridad, reunidos bajo la dirección y responsabilidad del Comisario Mayor (R) Jorge Alberto Palacios de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de conformar un ámbito donde se asocian y confluyen conocimientos y experiencias puestos al servicio del resguardo de cualquier actividad que desarrollen las personas físicas o jurídicas que actúan en el ámbito público o privado.” Para completar el cuadro, en el apartado “Quiénes somos” se puede ver una foto del “jefe”, con uniforme de la Federal y aún con bigotes, y se siguen destacando las páginas –sólo las “blancas”, claro– de su foja de servicios.Este emprendimiento “ganancial” del Fino y su mujer, que es la actual gerente de la firma y única miembro del directorio, tiene oficinas en Capital Federal –un departamento en Maipú al 200–, pero se propone una “presencia internacional”, con acciones llevadas a cabo en EE.UU., Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, con garantía de “máxima reserva”.En su entorno aseguran que Palacios es un trabajador incansable. Pero en términos formales, el exceso de actividad puede traer consecuencias nocivas para el titular de la Pro-policía y sus guardianes políticos. Si bien existe un vacío legal que protege la doble actividad del Fino, resulta al menos curioso que el máximo responsable de la seguridad pública mantenga una empresa que, para funcionar, necesita que la policía no provea la “sensación de seguridad” de los ciudadanos. ¿Acaso Palacios no confía en la efectividad de su nueva fuerza, que ofrece un servicio “complementario” por la vía privada? Preguntas similares a estas deberá enfrentar, una vez más, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, cuando los legisladores vuelvan a interpelarlo por las aptitudes de Palacios para el cargo.Por cierto, no es la primera vez que el ex comisario se muestra a los dos lados del mostrador. ARPA Organización de Seguridad es una SRL dedicada a los “servicios de vigilancia y seguridad”, con tres décadas de vida en el mercado. Con sedes en la localidad bonaerense de Olivos y en la calle Sarandí al 200, de Capital Federal, ARPA, cuya sigla une las primeras sílabas de los apellidos del matrimonio Palacios, posee uno 100 empleados y una rica cartera de clientes: Aluar, Fate y la embajada de Italia, entre otros.La compañía nació en septiembre de 1979, en plena dictadura, y aunque hoy Palacios no figura en su directorio, al frente del negocio siguen miembros de su familia política. Los socios originarios de la firma fueron sus suegros y su mujer. Con el paso del tiempo, la conformación societaria y del directorio fue cambiando, pero sin salir de ese entorno. A fines de 1996, Palacios cedió su paquete accionario a uno de sus cuñados. Hacia febrero de 2006, la firma aumentó el capital de 2.000 a 50.000 pesos y dio nueva forma a su estructura, donde siguen presentes los suegros del Fino, una cuñada, un cuñado y su esposa. No hay nada como la familia unida.Por si fuera poco, existe otro detalle que hace ruido en los registros del policía ungido por Macri: ARBA –la ex Rentas bonaerense– lo tiene catalogado como contribuyente con deuda en categoría 1. Es decir que para el fisco de la provincia de Buenos Aires, Palacios tiene un “rojo” fiscal de hasta 1.500 pesos.